TEGUCIGALPA, Honduras
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió al Congreso Nacional su opinión sobre el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal contra las estructuras criminales declaradas terroristas.
El documento, conocido este martes tras una reunión del pleno de magistrados, no obliga a los diputados, pero sirve como referencia jurídica antes de que el Legislativo discuta y vote los cambios.
El Congreso consultó a la Corte porque las reformas modifican dos de los principales instrumentos de la legislación penal del país.
Entre otros puntos, la propuesta permite allanamientos sin orden judicial previa en determinadas circunstancias, amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar un requerimiento fiscal tras una captura, elimina la libertad condicional y la preliberación para condenados por terrorismo, narcotráfico o pertenencia a grupos criminales, y contempla la captura de personas con tatuajes asociados a la MS-13, la Pandilla 18 y otras organizaciones declaradas terroristas.
Sobre los allanamientos, la CSJ señaló que todo registro de este tipo debe realizarse con acompañamiento de un fiscal y con la posterior convalidación de un juez, es decir, que el control judicial se mantenga aunque no exista una orden previa.
Respecto a la propuesta de eliminar por completo la libertad condicional y la preliberación, la Corte planteó una alternativa: otorgar beneficios procesales a quienes aporten información valiosa a la justicia. Con ello, revive el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de colaboración eficaz.
En cuanto a los tatuajes, los magistrados advirtieron que portarlos no puede ser, por sí solo, un elemento determinante para atribuir responsabilidad penal a una persona.
En el delito de atentado, mientras la propuesta legislativa eleva las penas a entre 8 y 10 años de prisión, la Corte recomendó un ajuste más moderado, de entre 3 y 4 años.
La junta directiva del Congreso trasladó las observaciones a la Comisión de Seguridad, que las analizará antes de emitir el dictamen final.
Los diputados deberán decidir cuáles de las recomendaciones incorporan al texto que se someterá a votación, y se prevé que el pleno lo discuta el próximo martes.
Antes de conocerse la opinión, magistrados habían advertido que avanzar con las reformas sin el pronunciamiento judicial podría dar pie a recursos legales.
Por su parte, el presidente de la Corte, Wagner Vallecillo, había anunciado que el Poder Judicial respaldaría las reformas y que trabajaba en el diseño de un circuito judicial especial para estos casos.
