TEGUCIGALPA, Honduras
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Congreso Nacional que retome la discusión de la Ley de Colaboración Eficaz, un proyecto que permanece sin aprobarse desde hace años.
El planteamiento lo hizo el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, como parte de las recomendaciones que la Corte envió a los diputados sobre las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Vallecillo explicó que el pleno de magistrados analizó en una sesión que calificó de constructiva el informe elaborado por la Sala de lo Penal.
Dijo que el Poder Judicial solo vigila la constitucionalidad y la convencionalidad de las reformas, y que sus recomendaciones son orientativas y no sustituyen las atribuciones del Legislativo.
Según su planteamiento, retomar esta ley dotaría al Ministerio Público de las herramientas necesarias para llevar sus investigaciones a buen término y que los procesos penales lleguen a resultados.
La figura permite que una persona que participó en un delito aporte información o pruebas útiles para investigar y juzgar a otros integrantes de una estructura criminal, a cambio de beneficios procesales que debe autorizar un juez.
Su objetivo es identificar a quienes están en niveles más altos de las organizaciones, conocer su funcionamiento y reunir elementos de prueba.
Según especialistas, aplicar este mecanismo sin un programa sólido de protección pondría en riesgo a quienes decidan colaborar.
En el mismo pronunciamiento, Vallecillo informó que ya se designaron jueces de circuitos especializados para conocer causas vinculadas a asociaciones terroristas, mediante una reasignación temporal, porque no hay financiamiento inmediato para crear juzgados nuevos.
Dijo además que la Corte solicitó más presupuesto para implementar los circuitos especializados y mejorar las condiciones laborales de los jueces.
El abogado Antonio Zelaya instó al Congreso y a su presidente, Tomás Zambrano, a discutir y aprobar la ley de inmediato. Sostuvo que permitiría a los operadores de justicia negociar con mandos menores capturados y golpear a los cabecillas de redes de extorsión. Pidió voluntad política real para devolverle la seguridad a la ciudadanía.
El diputado Carlos Umaña ya había cuestionado, en junio, la falta de voluntad política para aprobarla. A su juicio, la ley no busca combatir solo al narcotráfico, sino a las mafias organizadas dentro del Estado. Advirtió que casos de corrupción de los tres partidos podrían quedar sin resolver.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta del presidente del Congreso ni del Ministerio Público a la recomendación de la Corte.
La iniciativa lleva años en el Congreso Nacional. Su primera versión se presentó a mediados de la década pasada, y en 2018 la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras envió una propuesta mejorada, que tampoco se aprobó.
En 2022, una comisión especial preparó un dictamen de 25 artículos, trabajado con el Ministerio Público y la Corte, y en julio de 2024 el pleno la aprobó en segundo debate durante la administración de Luis Redondo. Sin embargo, nunca llegó a tercer debate, por falta de votos.
La ley ha estado ligada a la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, que Naciones Unidas planteó como condición para su llegada al país.
También ha generado reservas políticas: en 2024, Zambrano, entonces jefe de la bancada nacionalista, sostuvo que debía escucharse la opinión de la Corte porque modificaba en la práctica el Código Procesal Penal, y advirtió que podía usarse para perseguir a la oposición.
Esa misma preocupación sigue apareciendo en el debate actual, cuando algunos legisladores piden más claridad antes de respaldarla.
El pedido de la Corte llega mientras el Congreso analiza reformas contra las estructuras criminales declaradas terroristas, entre ellas allanamientos sin orden judicial previa, plazos de detención más largos y restricciones a beneficios penitenciarios.
El Poder Judicial recomendó, entre otros puntos, que esos allanamientos cuenten con un fiscal y con convalidación judicial, y que los tatuajes no sean prueba suficiente de responsabilidad penal.
