Como una respuesta a las recomendaciones de la CIDH en su informe preliminar derivado de su más reciente visita, sería reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras, así lo aseguró el diputado Marco Velázquez que el martes pasado presentó ante el pleno del Congreso Nacional la iniciativa de reforma.
«El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva», indica el numeral 18 de las recomendaciones planteadas por la CIDH.
«No se está privilegiando a nadie, solamente estamos volviendo al juez lo que le corresponde, la valoración de la prueba», manifestó el diputado Velázquez al momento de defender su propuesta.
La MACCIH, por su lado, sacó un comunicado en el cual señala que en caso de ser aprobada la reforma «posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría la posibilidad de fuga de los imputados.
«Esto, a su vez, incrementaría la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales», dice el comunicado de la MACCIH.
El artículo 184 del Código Procesal Penal prohíbe medidas distintas a prisión para los acusados en cualquiera de los 21 delitos detallados a continuación: 1) Homicidio; 2) Asesinato; 3) Parricidio; 4) Violación; 5) Trata de Personas; 6) Pornografía Infantil; 7) Secuestro; 8) Falsificación de Moneda y Billetes de Banco; 9) Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares y, el robo de ganado mayor; 10) Magnicidio de Jefe de Estado o de Gobierno Nacional o Extranjero; 11) Genocidio; 12) Asociación Ilícita; 13) Extorsión; 4) Delitos relacionados con Armas de Guerra; 15) Terrorismo; 16) Contrabando; 17) Defraudación Fiscal; 18) Delitos relacionados con el tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes; 19) Lavado de Activos; 20) Prevaricato y 21) Femicidio.
En agosto de 2016, el presidente Juan Orlando Hernández habría vetado la reforma al Código Procesal Penal que dejaba a discresión de los jueces otorgar medidas sustitutivas por delitos graves. En aquella ocasión se celebró el veto presidencial, por considerar que la reforma daría beneficios a las personas implicadas en casos de corrupción, que en la actual redacción no pueden gozar del beneficio de defenderse en libertad si son acusados de Defraudación Fiscal, Lavado de Activos y Prevaricato.
Foto de portada Diputado Marco Velázquez, diario La Prensa.
