TEGUCIGALPA, Honduras
Penalistas y líderes gremiales solicitaron al nuevo gobierno que realice una auditoría forense a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para determinar el estado de propiedades y activos asegurados y confiscados a personas con presuntos vínculos con la corrupción y delincuencia organizada.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, sugirió que de inmediato se efectúe un exhaustivo análisis al organismo que depende de Casa Presidencial a fin de deducir responsabilidades civiles y penales.
“La OABI necesita de una auditoria para divulgar desde sus orígenes cómo se han utilizado los bienes y ver si están ahí y en todo caso hay que deducirle responsabilidad a aquellos que se han apropiado indebidamente (de los referidos activos)”, declaró.
Señaló que esta oficina no cuenta una buena percepción ante la sociedad por los constantes señalamientos de mal uso de los bienes.
Por su parte, el penalista Marco Zelaya expresó que la OABI no puede seguir siendo utilizada como “caja chica” del Ejecutivo y que los funcionarios no deben seguir manejando a su antojo los bienes bajo custodia del Estado.
“Se ha venido manejando casi como una caja chica del Poder Ejecutivo, o sea, que se venían utilizando casi todos los recursos, vehículos y propiedades incautadas eran manejadas directamente por Casa Presidencial a través del director de OABI”, señaló.
Comentó que el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro tiene un gran reto para generar todo un marco legal para que el ente tenga un manejo eficiente de los bienes en su poder.
Cabe destacar que el pasado 20 de noviembre el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el exdirector de esa oficina, Francisco Ruíz Nieto, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
