TEGUCIGALPA, Honduras
El apoderado legal del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, Marlon Duarte, solicitó que su cliente sea beneficiado con la Ley de Amnistía para la liberación de los presos políticos y funcionarios que fueron perseguidos por oponerse al golpe de Estado de 2009.
Detalló que su defendido tiene casi siete años de estar en prisión y que iba a pagar una pena injustamente impuesta, al tiempo dijo que el exfuncionario ha sido la persona más perseguida por los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.
«No nos estamos apegando a una situación ilegal porque a Marcelo en ningún momento se le pudo comprobar si supuestamente había cometido un perjuicio económico en contra del Estado, no sabemos de dónde salieron los delitos hacia Chimirri. Él no ha cometido ningún delito, ni de fraude, ni de abuso de autoridad», acotó.
Anunció que el juzgado de ejecución suspendió la audiencia de extinción de responsabilidad penal en la causa que se le sigue al exgerente de Hondutel. La resolución se programó para el jueves próximo a la 1:30 de la tarde.
Al respecto, el jurista Raúl Paniagua dijo que es una pena que se estén otorgando cartas de libertad bajo el amparo de la ley a exfuncionarios que cometieron actos de corrupción.
Advirtió que tales actuaciones abre la puerta para que al llegar al poder otros partidos políticos que sus miembros resulten acusados por la nueva misión internacional contra la corrupción, aprueben una nueva amnistía para ampararse.
«Estoy de acuerdo con la posición del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), no se puede mandar ese pésimo mensaje, que por un lado se combate la corrupción y por otro se dan cartas de libertad a personas que no dirimieron en un proceso toda la posible responsabilidad penal», expresó.
El abogado Germán Licona consideró que la amnistía es clara y solo puede beneficiar a aquellas personas que sufrieron persecución por lo acontecido durante y después del golpe de Estado de 2009.
Expresó que si bien es cierto eso es un beneficio para delitos políticos y conexos ese derecho no le asiste a las personas que tiene señalamientos por actos de corrupción y delitos de orden común y criminal.
