TEGUCIGALPA, Honduras
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Congreso Nacional una opinión sobre la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.
La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional resuelta por el Poder Legislativo que -presidia Juan Orlando Hernández- ocurrió la madrugada del 12 de diciembre de 2012 y con el edificio rodeado por miembros de las FFAA.
En ese sentido, el oficio tiene como finalidad que la cámara legislativa comunique a la PGR si existe consentimiento por parte de ese poder del Estado para reconsiderar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con los demandantes en el caso referido.
Al respecto, el presidente del hemiciclo Luis Redondo dijo que hace 10 años el líder de la «estructura criminal (Juan Orlando Hernández) que hoy está a punto de ser extraditado, comenzó a conspirar para tomar el poder».
Agregó que «aquí (en el Congreso) había un antes y un después; hoy tenemos desde este poder del Estado que responder a esto, responder inclusive a los daños que se están mencionando ahí; los daños que no va a pagar quienes estuvieron en ese momento».
«Son daños que se van a pagar con los fondos del pueblo, con los impuestos de la gente y yo hago esta acotación porque lo que viene aquí nos enseña que todos los actos y todas aquellas acciones que nosotros hacemos al margen de la ley se tienen que pagar», dijo.
«En 2012 desde este Poder del Estado se comenzó a orquestar lo que hoy los hechos han marcado la historia, desde las consecuencias de que una estructura criminal que hoy está a punto de ser extraditado (su líder), desde este poder del Estado se conspiró para tomar el poder», arguyó.
Por su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, sugirió que se debe llegar a un acuerdo conciliatorio para evitar demandas multimillonarias.
Externó que «los magistrados merecen una reivindicación, porque el 12 de diciembre de 2012 se rompió el orden constitucional en Honduras y marcó en la historia moderna del país un gran fraccionamiento y permitió todos estos años de impunidad en la que hemos estado».
«Los cuatro magistrados ilegalmente destituidos por el Congreso presidido por Juan Orlando Hernández promovieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión, después de analizar la exposición, declaró procedente elevar esta acción donde el Estado está legalmente demandado», expresó.
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