TEGUCIGALPA, Honduras
(Por Brayan Flores) Al momento de salir del Ministerio Público, el ya exfiscal general de filiación nacionalista Óscar Fernando Chinchilla Banegas se llevó nada más y nada menos que la cantidad de dos millones 480 mil 508 lempiras por concepto de indemnización o prestaciones laborales.
¿Cómo y de dónde sale esta espectacular cantidad de dinero que ningún hondureño de a pie, ni siquiera el ejecutivo de las grandes empresas del país se llevarían semejante cantidad de dinero? Este periódico se dio a la tarea de investigar en la Secretaría de Trabajo cuánto le correspondía al exalto funcionario, quien ejerce como magistrado en la Corte Centroamericana de Justicia, por lo que con esa suma, si bien poca para un individuo con una vida holgada gracias a las conexiones políticas, pero le garantiza un poco más su estabilidad económica.
Chinchilla, mientras estuvo al frente de la fiscalía general, tuvo como código de empleado 004394, ganó cada día la envidiable cantidad de cinco mil 570 lempiras (comenzó ganando tres mil 776 en 2013) y cada hora devengaba 696 lempiras con 25 centavos.
En una estimación hecha por El Pulso el también notario ganó en los últimos dos años, con base al ajuste por inflación anual dos millones 339 mil 428 lempiras, antes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que ascendió a 584 mil 857, por lo que obtuvo por sus servicios un millón 754 mil 571 lempiras.
En el cálculo efectuado, de descubrió que el referido personaje recibió por preaviso 389 mil 904 lempiras con 60 centavos, mientras que la cesantía se elevó al millón 949 mil 523; la cesantía proporcional fue de 541 lempiras con 53 centavos y el aguinaldo proporcional llegó a los 111 mil 865 lempiras y el decimocuarto mes de salario proporcional fue de 28 mil 314 y las vacaciones proporcionales alcanzaron los 361 lempiras.
Cabe resaltar que, con estimaciones de la Secretaría de Trabajo, el extitular de la fiscalía tuvo un salario promedio diario de seis mil 498 lempiras y ganó por hora un total de 812 lempiras con 25 centavos.
Desde que Chinchilla ingresó al Ministerio Público, violentando los procesos de selección aplicados por la Junta Proponente, con el aval de los 71 diputados nacionalistas y varios liberales, obtuvo incrementos en la última década que suman 53 mil 822 lempiras exactos.
En el primer año de labores, su cuenta bancaria recibió dos millones 401 mil 920 lempiras, entre su sueldo más 68 mil lempiras mensuales por gastos de representación, los cuales sirvieron de poco en su papel de defensa de los intereses generales de la sociedad.
En el segundo año, obtuvo un ajuste salarial de cuatro mil lempiras, por lo que su faltriquera recibió 185 mil 811 mensuales y subió de manera global a dos millones 465 mil 354, menos impuestos, lo que le generó ganancias por un millón 849 mil lempiras.
Al cierre de su mandato, el extitular del Ministerio Público terminó devengando 167 mil 102 lempiras, más 68 mil por gastos de representación y su mes de vacaciones, por lo que se llevó al bolsillo 402 mil 204 lempiras.
En la consulta que se realizó en los registros públicos del ente operador de justicia, se logró observar que tanto Chinchilla como su otrora adjunto, el liberal Daniel Sibrián Bueso se dedicaron a una dolce vita sin que dieran aportes positivos a la persecución penal pública.
A propósito de las vacaciones, se puede interpretar que el exalto funcionario no trabajó durante agosto, último mes de su mandato; en la notificación que envió al administrador Geovanny Bulnes, con fecha 28 de septiembre de 2023, el exfiscal general pidió que se procediera a su cancelación de prestaciones laborales y beneficios sociales «estando conforme con la misma».
En el documento se lee que «solicito respetuosamente la cantidad indicada en la liquidación pueda ser depositada a mi cuenta de ahorros de Banco Atlántida 13220063070 misma en la cual era depositado mi salario mensual como funcionario del Ministerio Público».
En un segundo memorando con registro DA-1355-2023 del 28 de septiembre anterior, se confirma que el también exmagistrado del Poder Judicial recibió su liquidación en un cien por ciento.
¿ABUSO DE AUTORIDAD DE CHINCHILLA AL ESCUDARSE EN EL ESTATUTO DEL FISCAL? La actual legislación no contempla que los altos funcionarios, en particular, los de elección de segundo grado como los titulares del Ministerio Público, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Cuentas y los altos funcionarios nombrados por el Ejecutivo cobren indemnización laboral cuando finalizan sus mandatos o son destituidos por ser del servicio excluido; no obstante, todo apunta que el exfiscal general habría abusado de su autoridad al pedir que se le cancelara como si fuese un empleado público común y corriente.
El Estatuto de la Carrera de Fiscal del Ministerio Público, en su título segundo, capítulo II y artículo seis, que hace referencia al personal excluido y que reza de manera categórica: «Quedan excluidos del Sistema de Carrera del Ministerio Público: a) El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto; b) Los Titulares de las Divisiones y de las Direcciones que funcionan actualmente y de cualquiera otra que se creara en el futuro, de acuerdo con la Ley del Ministerio Público, así como sus sustitutos legales o suplentes. c) Los que fueren contratados para prestar sus servicios profesionales o técnicos; d) Los que fueran objeto de un nombramiento provisional; e) El Supervisor Nacional del Ministerio Público; f) Los servidores de confianza, los cuales serán identificados en el Reglamento».
En consecuencia, el otrora defensor de los intereses generales de la sociedad, aprovechó el dominio nacionalista en el parlamento durante la última década para aprovecharse de los beneficios que da el Estatuto.
Se puede inferir que se aprovechó del artículo 18 que explica que en el manual de clasificación de sueldos «indicarán las remuneraciones mínimas, intermedias y máximas que corresponderán a cada cargo».
«En todo caso -prosigue el enunciado-, la remuneración mínima deberá fijarse atendiendo el grado de responsabilidad que el cargo exija y ningún servidor recibirá un sueldo inferior al mínimo fijado para el cargo que ocupa. Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, se entenderá que el Manual está vigente a partir de su aprobación por el Fiscal General de la República, mediante Resolución Interna».
Añade el apartado que «cada dos años se revisarán las remuneraciones mínimas, intermedias y máximas, para garantizar al servidor una retribución justa. Para ello, se tomará en cuenta los índices económicos del Banco Central, correspondientes a esos períodos», por lo que coincide con los ajustes salariales que se le dio a Chinchilla durante los 10 años que sirvió como fiscal jefe del Ministerio Público.
CHINCHILLA, EL ESCUDERO LEAL DEL EXTRADITADO JOH. En su cuenta restringida de Twitter o X, el extitular de la fiscalía, hasta 2022, solo se dedicó a repostear partidos de la exclusiva liga NBA de EE.UU., paisajes naturales de los Países Bajos, dichos de personajes del pasado, pero jamás publicó alguna postura sobre su papel en el Ministerio Público o sobre las calamidades que vivieron y aún viven fiscales de carrera, médicos y técnicos forenses, así como el personal de oficina que si bien no tienen malos sueldos, pero no les alcanza.
En su tenebroso silencio, Chinchilla dejó que la crisis llegara al extremo de que empleados de la Dirección de Medicina Forense paralizaran el levantamiento de cadáveres, lo que implicó una intervención del Poder Judicial, a través de su presidenta Rebeca Ráquel Obando, a fin de evitar la acumulación de casos que derivara en impunidad.
La salida de este personaje se suscitó en el absoluto silencio, por lo que huyó a Nicaragua para juramentarse como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, como una forma de tener acceso a inmunidad ante una posible acusación criminal en su contra, en especial, sobre señalamientos de entorpecer investigaciones contra el ya extraditado Juan Orlando Hernández, quien espera juicio por sus presuntos nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Cabe mencionar que Chinchilla está comprometido moralmente con Hernández, en el sentido que fue él quien colocó a su esposa Catherine Chang, hija del reconocido dirigente nacionalista y exdirectivo del Congreso Rigoberto Chang Castillo, en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En 2022, días después que el Departamento de Justicia de EE.UU. ordenara la detención y entrega del exmandatario a un tribunal federal neoyorquino, el Ministerio Público de Chinchilla procedió -a manera de última esperanza- a investigar formalmente a Hernández por más de 10 delitos relacionados con asesinato, narcotráfico, difamación, entre otros, extremo que no logró impedir que el sospechoso fuera entregado a la DEA en abril del año anterior.
