SAN SALVADOR, El Salvador
El Ministerio Público de Honduras emitió una orden de captura contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, respectivamente, a quienes imputa por la presunta compra fraudulenta de hospitales móviles durante la pandemia de covid-19.
«En el marco del requerimiento fiscal presentado, en este momento se encuentran prófugas la exministra de Salud, exministra de Finanzas, y exviceministra de Finanzas. En tal sentido, se solicitó a la autoridad correspondiente se libren las órdenes de captura y las alertas internacionales correspondientes», expuso el fiscal general (interino), Johel Zelaya.
Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que el 8 de noviembre fue presentado en el circuito de juzgados anticorrupción tal requerimiento fiscal, que «sospechosamente» estuvo guardado por mucho tiempo.
El requerimiento implica a exfuncionarios de esos ministerios durante el gobierno anterior (2018-2022), relacionados con la «compra fraudulenta» de los hospitales móviles en medio de la pandemia de covid-19.
«Por todo lo sucedido con las exfuncionarias y con el fin de que haya una mejor [gestión] de los procesos de investigación e imputación penal y con el fin de evitar errores, he decidido remover de sus cargos al director y la subdirectora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y también al jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública», adelantó el fiscal general.
Zelaya notificó además que el MP está analizando la realización de otros importantes cambios en otras fiscalías encargadas de investigar hechos de corrupción.
«En mi condición de fiscal general, y después de reuniones de trabajos con distintas fiscalías especiales, he decidido crear un equipo multidisciplinario (30 personas) de fiscales, investigadores y peritos financieros que fortalezcan la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción», anticipó el funcionario.
El requerimiento fiscal contra Flores y Tábora las supone responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
Por el caso de los siete hospitales móviles comprados a Turquía fue condenado a seis años de prisión en febrero pasado Marcos Bográn, director en su momento de la estatal Inversión Estratégica de Honduras, que tuvo a su cargo la adquisición de esas infraestructuras. (Con información de Sputnik).
