TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un operativo en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), para secuestrar documentos en medio de denuncias relacionadas con prescripciones adquisitivas.
El director del ICF, Luis Soliz, informó que las denuncias presentadas ante las autoridades se centran en la titulación de tierras para planes de manejo en áreas nacionales, ahora bajo un estatus privado.
Según Solíz, la mayoría de estos títulos, aproximadamente el 98 por ciento fueron emitidos entre los años 2016 y 2021, y recientemente se han otorgado más bajo otras instituciones.
También expresó su preocupación por la prescripción adquisitiva que se están realizando un áreas de bosques nacionales, evidenciando que unas 256 mil hectáreas han sido escrituradas, mientras que el ICF mantiene cerca de 15 mil hectáreas para planes de manejo.
El funcionario solicitó la suspensión de todas las escrituras públicas otorgadas y una investigación exhaustiva sobre los funcionarios públicos y entidades privadas que participaron en estos actos cuestionados.
La Fiscalía Especial del Medioambiente (FEMA), explicó que la intervención se centró en el secuestro de 70 expedientes, bajo sospecha de un otorgamiento irregular de planes de manejo dentro de Parques Nacionales.
Una vez que la Fema recopile toda la información, se espera que el equipo técnico realice un exhaustivo análisis para determinar si los procedimientos administrativos cuestionados han comprometido los intereses estatales al afectar el patrimonio natural y forestal de Honduras.
La normativa establecida en la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS), deja claro que las áreas forestales no deben considerarse tierras incultas u ociosas y, por ende, no pueden ser objeto de reforma agraria o titulación.
Asimismo, la Ley de Municipalidades prohíbe que propiedades rurales ejidales de vocación forestal pasen a manos de terceros, reservando su dominio pleno al municipio correspondiente.
Se señala que alrededor cinco mil 617.11 hectáreas fueron supuestamente otorgadas por autoridades judiciales, contraviniendo las disposiciones legales vigentes.
