Tegucigalpa-Honduras. El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), exigió al Estado un compromiso real para prevenir desalojos y la criminalización de comunidades, así como adherirse al Acuerdo de Escazú para lograr justicia ambiental, durante el lanzamiento del Observatorio de la Conflictividad Socio territorial.
El panorama de desalojos, criminalización de comunidades y la falta de avance en las reformas agrarias subraya la necesidad urgente de un compromiso real por parte del Estado para impulsar políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales del sector agrario.
El informe titulado Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral, subraya la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y avanzar hacia una reforma agraria justa y equitativa.
Sin una acción decidida, los conflictos socioterritoriales seguirán profundizando y perpetuando la desigualdad y la violencia en el campo.
PERSISTEN LOS ATAQUES
Lucía Vijil, asesora de Justicia Ambiental y Ecológica del Cespad, declaró que en el país persisten los ataques a los defensores de la tierra, en un contexto donde el Mecanismo de Protección no está dando respuesta oportuna ante los riesgos que enfrentan los activistas ambientales.
Vijil lamentó que el Gobierno hondureño ha militarizado completamente la agenda ambiental, lo que ha derivado en estrategias militares que obstaculizan la gestión democrática del conflicto, impidiendo que se escuchen a todas las partes implicadas y que se ofrezcan soluciones integrales.
El informe destaca que en 2024 se ha agudizado la criminalización y judicialización de mujeres campesinas e indígenas en Honduras, donde, según la oenegé Global Witness, el año pasado fueron asesinados 18 defensores del medioambiente y la tierra.
Las mujeres que a menudo lideran la lucha por la tierra y los recursos naturales se enfrentan no solo a la violencia física, sino también a procesos judiciales injustos y persecuciones diseñadas para desmovilizarlas y silenciarlas.
Esta criminalización forma parte de una estrategia más amplia de represión contra los movimientos campesinos e indígenas, cuyas demandas legítimas por el acceso a la tierra son vistas como una amenaza por parte de actores con poder económico y político.
A esta alarmante situación se suma la falta de respuestas y resultados en las investigaciones sobre los ataques contra defensores de la tierra.
Los casos de agresiones, asesinatos y secuestros siguen sin resolverse, consolidando un ambiente de impunidad que alimenta la violencia.
ACUERDOS INTERNACIONALES
Ante este panorama, Vijil enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, mejorar el acceso a la información, avanzar en políticas públicas y adherirse al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto ambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
El Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, lo que lo convierte en un instrumento sumamente relevante para la región.
Además, el Cespad presentó hoy el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, una iniciativa que permite a la ciudadanía identificar las industrias que generan conflictos en el país y las personas vulnerables afectadas.
El Observatorio también difundirá informes sobre las diversas modalidades extractivas, con el objetivo de generar puntos focales para la promoción de políticas públicas que realmente transformen la gestión de la conflictividad.
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