TEGUCIGALPA, Honduras
La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ana Gisela Sánchez, dijo que la demanda presentada por la entidad en EE.UU. contra su expresidente Dante Mossi se circunscribe a acciones realizadas por este en ese país y no tiene nada que ver con las operaciones del banco.
«No tiene absolutamente nada que ver con ninguna operación del Banco ni con ningún país miembro. Es un tema específicamente de acciones realizadas por el exfuncionario y realizadas en esa jurisdicción y es por eso que se realiza la demanda en EE.UU.», añadió.
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INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FIDUCIARIOS. El BCIE presentó el 5 de septiembre una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia contra Mossi por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la ley estadounidense de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión.
El Gobierno de Nicaragua, uno de los socios fundadores del BCIE, dijo que no respalda esta demanda y criticó tanto que se haya presentado en un país no miembro de la entidad multilateral como que no se consultase de antemano con los accionistas.
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DEFENSA DE LOS VALORES DEL BANCO. «Era una responsabilidad para nosotros accionar en este sentido y poder demostrar que para nosotros el campo legal abarca a todas las personas, obviamente tanto a nuestros funcionarios como exfuncionarios, y que la ética y los valores que han hecho grande al BCIE tenemos que defenderlos y preservarlos a toda costa», señaló.
En El Salvador, por ejemplo, encontraron que 200 millones de dólares de un préstamo del BCIE diseñado para apoyar a pequeñas y medianas empresas en la pandemia se desviaron para financiar el plan gubernamental de hacer del Bitcoin la divisa nacional.
PLAN DE REFORMAS. La presidenta que tomó las riendas de la entidad en diciembre de 2023, dijo que desde entonces el banco ha adoptado mejoras para evitar problemas de este tipo, como reducir de dos meses a 24 horas el tiempo de respuesta a los medios de comunicación, aplicar una nueva política contra la corrupción, el fraude y otras prácticas prohibidas y cerrar una alianza con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En general, el Banco adoptó un «robusto» plan de reformas de su gobernanza con 26 medidas de las que se han implementado el 75 por ciento y que esperan completar antes de final de este año.
Asimismo, añadió que se ha aprobado una nueva estructura organizacional alineada con la nueva estrategia del banco y se ha aprobado un presupuesto significativamente menor que el del año pasado, lo que ya está permitiendo mejorar eficiencias.
«Desde nuestros gobernadores como nuestro directorio y la administración tenemos un compromiso muy fuerte con la transparencia y la rendición de cuentas y, por supuesto, con usar de la mejor forma los recursos», concluyó.
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