TEGUCIGALPA, Honduras
El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos fue recusado por parte de la defensa del exalcalde capitalino y precandidato presidencial, Nasry Asfura.
El abogado defensor Dagoberto Aspra presentó un recurso de recusación en contra de Santos; dijo que “logramos sustentar esta recusación y la presentamos el viernes y hoy la formalizamos por escrito”.
De acuerdo con el recurso, la defensa incluye pruebas que demuestran que Santos podría estar incurso en una causal según el artículo 83 del código Procesal Penal.
Argumentó que el proceso contra Asfura está políticamente motivado y señala que Santos podría tener un conflicto de interés, ya que su esposa trabaja en una dependencia estatal, lo que confirman que el fiscal goza de beneficios directos del Estado por medio de su esposa.
El juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medioambiente y Corrupción determinó recusar del juicio que se le sigue a Asfura porque tiene “conflicto de interés”, ha demostrado su imparcialidad en este caso en particular por lo que se le ordenó abandonar la sala.
“Este fiscal ya no le sirve al Ministerio Público pues esta recusación será reiterada en diferentes causas mientras subsista el vínculo de su esposa con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) o con cualquier otra institución del Estado”, aseveró Aspra.
Por su parte santos respondió que la recusación es un proceso regulado en los artículos 80, 83 y 89 del código Procesal Penal, “recusación de la defensa de Asfura contra mí tiene rasgos misóginos”.
Santos aseguró que “las acusaciones no son inventadas, lo que intentan es demeritar al fiscal y a todo su equipo. Si se acepta la recusación en mi contra quedan los demás fiscales y conociéndolos tienen igual o mejor capacidad que el abogado Luis Santos”.
El Ministerio Público acusa a Asfura y a otros implicados de delitos como lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
La Fiscalía sostiene que los imputados habrían drenado fondos de la Alcaldía Municipal a través de un esquema de corrupción, afectando las finanzas de la institución.
