TEGUCIGALPA, Honduras
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), manifestó su profunda preocupación ante el incremento de la violencia en el país, la cual quedó evidenciada en los asesinatos de los comunicadores Javier Antonio Hércules Salinas y Carlos Gilberto Aguirre.
Esta escalada de violencia que no para contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y comunidades históricamente vulneradas (mujeres, niños y jóvenes), lamentó el organismo.
Esta situación no es excepcional ni aislada, ya que responde a un contexto estructural de impunidad, debilitamiento institucional y desprotección sistemática que compromete al Estado de Derecho, se denunció.
En el caso de Hércules quien, pese a estar inscrito en el Mecanismo Nacional de Protección como periodista, fue asesinado el fin de semana anterior, lo que evidenció la ineficacia del sistema y la necesidad urgente de una auditoría independiente de su funcionamiento.
Asimismo, el asesinato de Aguirre, quien era un reconocido cronista deportivo en Juticalpa refleja el abandono institucional de las garantías mínimas para el ejercicio del libre periodismo en regiones alejadas de la capital en donde los niveles de violencia son aún más graves.
Ante este contexto, Fosdeh exigió una auditoría técnica independiente al Mecanismo Nacional de Protección la cual debe ser pública con participación de sociedad civil, mecanismos de eficaces de investigación y sanción que enfrenten la impunidad en crímenes contra la libertad de expresión y los derechos humanos.
Asimismo, el fortalecimiento institucional con enfoque territorial para proteger a las comunidades en riesgo y la implementación de políticas integrales que ataquen las causas estructurales de la violencia y promuevan una cultura de paz.
“La violencia que vivimos en Honduras no es solo una expresión del crimen, es también el reflejo de una profunda crisis de institucionalidad, donde el silencio, la impunidad y la inacción genera un entorno cada vez más hostil para la vida y la democracia”.
El Fosdeh concluyó que “el país exige justicia y protección. La institucionalidad debe responder, Honduras no puede seguir normalizando la muerte”.
