TEGUCIGALPA, Honduras
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) atraviesa una de las «crisis más graves de su historia», según funcionarios del gobierno del presidente Nasry Asfura.
Pierde, según estimaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 544 lempiras por segundo, acumulando más de seis mil 500 millones de lempiras en pérdidas en lo que va de 2026.
Sus tarifas —alrededor de 0.21 dólares por kilovatio hora— son de las más caras de Centroamérica, pese a los subsidios estatales. Entre 2022 y 2025, el país registró más de 40 mil interrupciones de circuitos eléctricos. Y sus pérdidas técnicas y no técnicas —que incluyen el robo de energía— oscilan entre el 36 por ciento y el 38 por ciento, muy por encima del promedio regional.
Ante ese diagnóstico, el gobierno del presidente Nasry Asfura presentó ante el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma al subsector eléctrico que propone, entre sus medidas más polémicas, la escisión vertical de la ENEE: su transformación en al menos tres sociedades mercantiles independientes, una para generación, una para transmisión y una para distribución.
La discusión comenzó formalmente esta semana. Y con ella, también el debate sobre si se trata de una modernización necesaria o del inicio de una privatización encubierta.
El núcleo de la reforma es la separación operativa de las tres grandes funciones que hoy concentra la ENEE en una sola estructura. La subsidiaria de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía; la de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión; y la de distribución tendría a su cargo el suministro a los consumidores finales y la facturación.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ha sido la voz principal de la propuesta. Según explica, Honduras es uno de los pocos países de América Latina que aún mantiene el modelo de empresa eléctrica vertical integrada; fuera de la región, solo Cuba, Venezuela y Paraguay comparten ese esquema.
«La escisión de la ENEE es un tema que tiene 20 años en Honduras y no se ha terminado; lo que se busca es una mejor práctica del sistema», señaló el funcionario.
La propuesta también contempla la creación de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM), un organismo técnico e independiente que sustituiría al Centro Nacional de Despacho (CND) —actualmente adscrito a la ENEE— para administrar el Sistema Interconectado Nacional bajo criterios de transparencia y menor costo.
Peña Panting ha insistido en que las tres nuevas empresas seguirán siendo propiedad del Estado al cien por ciento, funcionando bajo una estructura de holding con la ENEE como empresa matriz.
«No hay ningún mandato ni ninguna intención de crear una privatización. Es un tema de ordenamiento, eficiencia y modernización de la ENEE para beneficio del usuario final», declaró.
El presidente Asfura respaldó esa postura en declaraciones públicas, aclarando que la participación privada que se contempla en el sector no equivale a privatizar la estatal, y que la ENEE seguirá desempeñando un papel fundamental dentro del sistema eléctrico nacional.
Más allá de las declaraciones oficiales, analistas y organizaciones del sector energético han construido un argumento técnico en favor de la reestructuración.
Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ, sostiene que la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución es, en sí misma, una condición necesaria —aunque no suficiente— para sacar al sistema de su crisis estructural.
«Hemos llegado a la conclusión de que la única forma para sacar a Honduras de esa situación es separar las actividades que constituyen dar el servicio de energía eléctrica. Eso, por sí solo, no es privatización», manifestó en un foro reciente.
La ASJ proyecta que, bajo un escenario de reformas estructurales y apertura competitiva, el Estado podría ahorrar más de 43 mil millones de lempiras en gasto fiscal durante la próxima década, y reducir en más de 99 mil millones la deuda acumulada de la estatal para 2035.
El informe «Potencia Honduras», publicado por la organización, señala que uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total del país es generado exclusivamente por la crisis del sistema eléctrico.
Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), reforzó ese diagnóstico al señalar que el modelo vertical actual es un fracaso comprobado y que incluso países considerados referentes regionales, como Costa Rica, están transitando hacia mercados más abiertos.
Liliam Rivera, economista de la ASJ, fue más directa en su evaluación del status quo. A su juicio, la ley aprobada mediante el Decreto 46-2022, que el gobierno anterior usó para recentralizar el sistema, es «ampliamente considerada un retroceso para la estabilidad y sostenibilidad del sistema», al centralizar el despacho y la regulación sin avanzar en la necesaria división operativa.
Rivera señala que, pese a transferencias superiores a 46 mil millones de lempiras realizadas a la ENEE entre 2022 y 2025 —equivalentes al presupuesto anual de la Secretaría de Educación—, los problemas estructurales persisten sin mejora visible.
OPOSICIÓN TEME PRIVATIZACIÓN. La propuesta no ha encontrado camino libre en el Congreso ni en la opinión pública. Desde el primer día, el debate ha estado marcado por un temor recurrente: que la escisión sea el primer paso hacia la venta de activos estratégicos del Estado.
El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) ha sido la voz más clara de esa preocupación. Su presidente, Miguel Aguilar, ha dicho que el sindicato está a favor de un nuevo modelo energético, pero no de la privatización.
«Al pueblo hondureño y a los trabajadores nos conviene que la ENEE sea un bien público. Lo que se visualiza es que van detrás de la privatización o la compra de distribución, como en Guatemala. Es lo que sentimos como trabajadores», declaró durante las jornadas de socialización en el Congreso.
Aguilar también fue enfático en exigir que la nueva ley no deje ningún espacio para la privatización de la estatal: «Estamos en contra de cualquier expresión en ese sentido».
Ese temor tiene raíces históricas. Honduras ya vivió, en los años noventa, un intento de reestructuración de la ENEE que no se concretó pero que dejó una desconfianza duradera hacia cualquier proceso de división o apertura de la empresa.
Un análisis del Banco Mundial de 2007, frecuentemente citado en el debate actual, documentó que «la anunciada reestructuración y privatización de la ENEE no se llevó a cabo» tras la reforma de 1994, y que el gobierno corporativo y la gestión de la empresa no mejoraron.
El mismo documento advertía que los problemas de la ENEE se relacionaban con «la falta de compromiso del gobierno y los partidos políticos de aplicar tarifas que recuperen los costos y de reestructurar la empresa». Décadas después, ese diagnóstico sigue vigente.
ANALISTAS VEN CON CAUTELA CONTRARREFORMA. Entre los que no rechazan ni apoyan abiertamente la reforma hay también voces que piden leer con cuidado la letra pequeña. Blanca Elvir, investigadora en temas de energía de la ASJ, reconoció que el proyecto de reformas «representa un paso importante para la transformación de la ENEE», pero advirtió que durante su discusión y aprobación deben protegerse aspectos fundamentales.
En particular, Elvir señaló que uno de los principales problemas del subsector es la falta de transparencia en la asignación de contratos y en la regulación, y que cualquier nuevo marco legal deberá garantizar independencia regulatoria real —no solo en el papel— y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, que participó en el debate junto a Peña Panting, respaldó el diseño de holding como herramienta de transparencia, argumentando que la separación de funciones permite identificar con mayor claridad dónde se generan las pérdidas y quién es responsable de corregirlas.
Lo que el debate sobre la ENEE deja en evidencia es que Honduras lleva más de dos décadas postergando decisiones estructurales en su sector eléctrico.
La reforma que hoy discute el Congreso no es nueva en su concepto: la escisión en tres empresas fue planteada por primera vez a principios de los años 2000, retomada entre 2014 y 2021 bajo la Ley General de la Industria Eléctrica, y luego frenada con la aprobación del Decreto 46-2022.
Lo que sí es nuevo es la urgencia. Con un déficit operativo mensual de hasta mil 300 millones de lempiras, tarifas entre las más altas de la región y un sistema que acumula décadas de inversión insuficiente, el margen para seguir posponiendo la discusión se ha reducido al mínimo.
El Congreso Nacional tiene ahora en sus manos el anteproyecto. La pregunta que la ciudadanía y los distintos actores del sector le exigen responder no es solo técnica —cómo dividir la empresa— sino también política: a quién servirá esa división y quién fiscalizará que el Estado no pierda lo que todavía le queda.
