TEGUCIGALPA, Honduras
El Colegio Médico de Honduras (CMH) reactivó esta semana sus medidas de presión a escala nacional, luego de que, según el gremio, el gobierno no honrara los compromisos adquiridos en un acta firmada el pasado 22 de abril.
Desde el lunes 1 de junio, médicos de hospitales públicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país mantienen asambleas informativas que han resultado en la suspensión de consultas externas y cirugías electivas en la red hospitalaria estatal.
La protesta convoca a profesionales que laboran en la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, Medicina Forense, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y otras dependencias públicas. El CMH aclaró que se mantiene la atención en emergencias y áreas críticas, pero que la consulta externa, uno de los servicios con mayor demanda diaria, permanece suspendida en los centros donde se desarrollan las asambleas.
Las raíces de la actual crisis laboral se remontan a los primeros meses del gobierno del presidente Nasry Asfura. Desde abril, el CMH denuncia el despido de más de 400 especialistas, en algunos casos notificados mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, mientras que al menos 500 médicos acumulan entre dos y cinco meses sin recibir su salario.
El portavoz del gremio, Óscar Sánchez, cuestionó que esas cesantías se ejecutaran en medio de una emergencia sanitaria declarada por el propio Ejecutivo, y señaló que el país requiere aproximadamente 18 mil médicos adicionales según estándares de la Organización Mundial de la Salud.
En San Pedro Sula, el delegado del CMH, Wilmer Madrid, expresó que las autoridades no respondieron a un pliego de peticiones presentado desde antes de la Semana Santa, el cual incluye el reintegro inmediato del personal destituido. Esa percepción de silencio institucional es la que, según el gremio, obligó a retomar las movilizaciones.
El CMH presentó un conjunto de exigencias que abarca tanto el corto como el mediano plazo. Entre los puntos principales figuran el cese inmediato de los despidos y el reintegro del personal afectado; el pago de salarios adeudados, con casos que superan los cinco meses de deuda; la firma de contratos pendientes con gestores de salud; y el cumplimiento del salario base establecido por ley.
A esas demandas inmediatas se suman otras de carácter estructural: la aplicación del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor y el componente bienal de 2026; la centralización de las redes descentralizadas de salud; el pago de cesantías a médicos jubilados; y la asignación del 12 por ciento del Presupuesto General de la República al sistema sanitario público.
El presidente del CMH, Samuel Santos, fue más allá en su diagnóstico. «El paciente llega al hospital, recibe la atención del médico y la receta, pero tiene que salir a comprar todo lo demás porque no hay ni medicamentos ni materiales», declaró, calificando la situación como una «huelga permanente» dentro del sistema de salud, incluso antes de las protestas formales.
El ciclo actual de protestas es en realidad la segunda ronda de movilizaciones del año. En abril, el CMH realizó más de doce jornadas de asambleas informativas y bloqueos en ciudades del país, incluyendo una toma de la carretera CA5 Norte. Tras esas acciones, el 22 de abril, ambas partes suscribieron un acuerdo que permitió suspender temporalmente las protestas y establecer mesas técnicas para revisar los casos de despidos y pagos pendientes.
Sin embargo, el CMH denunció semanas después que esos compromisos no se habían cumplido. Santos afirmó que la mesa técnica creada nunca fue convocada de nuevo, pese a solicitudes formales del gremio. «Se firmaron documentos que no se respetaron. Ni siquiera hubo respuesta escrita a nuestra solicitud de retomar el diálogo cuando había compromiso de volver a las mesas el 22 de este mes de mayo», cuestionó el dirigente.
El gremio también denunció que los despidos no se detuvieron tras el acuerdo y que incluso se produjeron suspensiones de deducciones relacionadas con cuotas gremiales y préstamos de médicos, sin base legal, a su juicio.
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha tenido dos frentes. Por un lado, la Secretaría de Salud sostiene que los despidos cuestionados no son tales, sino el resultado de una revisión de «nombramientos irregulares de dedo» y contratos sin respaldo presupuestario heredados de la administración anterior, y que el proceso busca ordenar el sistema y corregir irregularidades.
Por otro lado, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, fue más directo en su rechazo a las movilizaciones, al afirmar que las medidas de presión carecen de fundamento legal y económico, y sugerir que responden a intereses partidarios: «No se justifican estas tomas, no se justifica el paro de labores», declaró.
En un momento anterior de la crisis, en abril, el director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, hizo un llamado al gremio a retomar el diálogo antes de tomar medidas drásticas, calificando la suspensión simultánea de consultas externas y cirugías electivas como «bastante inhumana». Zúñiga reconoció que dicho nivel de paralización era inédito en el sistema hospitalario nacional.
El CMH condicionó el levantamiento de las protestas actuales a una sola condición: la instalación de una mesa de diálogo directo con la Presidencia, no únicamente con la Secretaría de Salud.
La portavoz del gremio, Isis Rivas, fue enfática al señalar que el nivel de la crisis exige una respuesta de la más alta instancia del Ejecutivo. «Hay colegas que desde enero no reciben salario, otros tienen dos meses pendientes y ninguno ha recibido respuesta», denunció.
La junta directiva del CMH no descartó intensificar las acciones en los próximos días si esa condición no se cumple. Entre las medidas que se contemplan figuran marchas y plantones en las principales avenidas del país.
El gremio también coordina acciones con la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, cuyos docentes protagonizan su propia ola de protestas por el pago de un reajuste salarial pendiente, abriendo la posibilidad de movilizaciones conjuntas de los dos sectores gremiales más representativos del país.
El presidente Santos ya adelantó que, de superarse este conflicto, las lecciones aprendidas deberán sentar precedente: «Esperamos que los errores del pasado no se repitan y que cada transición gubernamental no implique volver a este tipo de crisis en el sistema de salud».
