TEGUCIGALPA, Honduras
La reforma al denominado subsector eléctrico que pretende sacar adelante el gobierno de Nasry Asfura, ha generado un intenso, duro y cruento debate político. A pesar de los señalamientos de una eventual privatización, Asfura ha salido a defender la iniciativa con el argumento de que su administración no contempla la entrega de la estatal a privados, sino la implementación de acciones orientadas a recuperar su sostenibilidad financiera.
La propuesta surge en un contexto de deterioro financiero profundo. La ENEE, según el Cohep y voceros del oficialismo, representa el mayor agujero fiscal para el Estado, con pérdidas de 50 millones de lempiras diarios por fallas en la red, hurto de energía y consumo no facturado.
Según los promotores de la reforma, la estatal acumula una deuda superior a los cuatro mil 500 millones de dólares, mientras que las pérdidas de energía rondan el 38 por ciento.
Se prevé que la reforma propone «dividir» la ENEE en cuatro unidades de negocio, entre ellas, una matriz y tres compañías independientes para las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Sobre el tema, el titular de Energía, Eduardo Oviedo, el objetivo es reorganizar el sistema y atraer inversiones para ampliar la capacidad eléctrica del país.
El anteproyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional ordena que las nuevas subsidiarias operen con autonomía técnica, administrativa y operativa, pero el Estado mantendría la propiedad absoluta de estas empresas a través de la ENEE.
Por su lado, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, afirmó que la ENEE es patrimonio del Estado, por lo que no hay planes de venderla.
Desde la Comisión de Energía del Congreso Nacional mandaron a decir que no hay cambios que promuevan la privatización de la estatal, al tiempo que aclararon que el modelo propuesto busca captar capital externo exclusivamente para proyectos de infraestructura, pues alegaron que la ENEE «no tiene dinero».
En tanto, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, sostuvo que el marco legal en discusión busca liberar inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, con el apoyo de organismos multilaterales y banca privada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias hondureñas mediante un sistema más eficiente y confiable.
Respecto a las críticas de privatización desde Libre y actores de oposición, el partido oficialista señaló que esas interpretaciones son utilizadas para generar desinformación y preocupación en la ciudadanía.
