TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó este martes por unanimidad la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa orientada a fortalecer la transparencia corporativa y combatir delitos como el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada.
La iniciativa establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), el cual estará bajo la administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y tendrá como objetivo identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras legales que operan en el país.
Con esta aprobación unánime, el Poder Legislativo busca reforzar la capacidad del Estado para prevenir y combatir el uso de estructuras societarias opacas utilizadas para ocultar la identidad de los propietarios reales, así como para financiar actividades ilícitas.
La normativa aprobada establece un sistema obligatorio de registro, actualización, conservación y verificación de información sobre beneficiarios finales, imponiendo obligaciones a las personas jurídicas y otorgando facultades de supervisión a la CNBS.
Asimismo, se incluyen reformas al Código de Comercio orientadas a la eliminación progresiva de las acciones al portador y al fortalecimiento de los instrumentos nominativos, con el fin de garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la propiedad y control de las sociedades mercantiles.
La ley se fundamenta en principios constitucionales como la transparencia, la seguridad jurídica y el interés público.
También responde a compromisos internacionales asumidos por Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Gafilat (grupo de 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos).
El cumplimiento con el Gafi permitirá evitar que el país ingrese a la lista gris (nivel de mayor vigilancia) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada, según el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
El decreto también toma en cuenta observaciones de evaluaciones internacionales que han señalado debilidades en la identificación de beneficiarios finales y la disponibilidad de información societaria.
