TEGUCIGALPA, Honduras
El debate sobre la reforma energética llegó al Legislativo con una fractura política ya consumada: mientras la bancada oficialista mostró un respaldo total al proyecto bajo el argumento de que «es urgente salvar las finanzas de la ENEE», Libre ratificó su voto en contra, denunciando que la ley es un preámbulo para la privatización de la estatal.
En una posición intermedia y determinante para el futuro de la ley se encuentra la bancada del Partido Liberal, cuyos diputados muestran opiniones divididas, por ahora, aunque ya se aprobó la normativa en primer debate.
Por su lado, diputados de Libre desataron una insurrección legislativa dentro del hemiciclo, con consignas como «la ENEE no se vende, la ENEE se defiende», lo que obligó al titular del Congreo Tomás Zambrano a imponer sanciones de hasta 15 días sin goce de sueldo.
La protesta estalló al momento que el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, ofrecía una suerte de balance financiero, lo que caldeó los ánimos.
Por su lado, el jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, sostuvo que tales medidas que está sacando adelante el Congreso están orientados a «hacerle ver al pueblo que Libre se mantiene firme al decir no a la privatización de la ENEE. Nosotros no podemos permitir que lo que le pertenece al pueblo hondureño sea privatizado».
Desde el lunes anterior, la bancada emitió un comunicado en el que se declaró en alerta permanente ante cualquier iniciativa que, a su juicio, pueda conducir a la privatización de la ENEE.
La cúpula pidió a su militancia y colectivos instalar asambleas permanentes, con el objetivo de coordinar movilizaciones escalonadas hasta consolidar un paro nacional.
Los parlamentarios de Libertad y Refundación han articulado objeciones concretas al contenido de la propuesta. El diputado Luis Ortega sostuvo aseguró que la bancada no respalda la propuesta en los términos actuales, al considerar que la fragmentación de la ENEE en tres estructuras debilitaría el control estatal sobre el sistema energético y abriría la posibilidad de que actividades rentables sean administradas por empresas privadas.
Por ello, los congresistas de Libre plantearon que sea la ciudadanía quien decida el futuro de la empresa mediante una consulta popular, argumentando que cualquier reestructuración de activos públicos debe ser sometida a la voluntad del pueblo hondureño.
Las dudas sobre la reforma no provienen únicamente de la oposición política. Analistas y especialistas en el sector energético advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a una privatización encubierta de la estatal y transformar radicalmente el modelo eléctrico hondureño.
Entre los que cuestionan el proceso figura el exsecretario de Energía Erick Tejada, quien señaló que uno de los aspectos más preocupantes de la iniciativa es la privatización del despacho de energía, una función que en la mayoría de países permanece bajo control estatal por razones de seguridad nacional y soberanía energética.
Apuntó que la propuesta trasladaría esa responsabilidad al sector privado mediante la creación del Operador del Sistema y el Mercado (OSM), una nueva entidad que asumiría la administración del Centro Nacional de Despacho.
Denunció que existe una fuerte campaña de presión e influencia para impulsar la privatización del servicio eléctrico.
