TEGUCIGALPA, Honduras
Un juzgado de segunda instancia dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), al determinar que el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), no logró acreditar el mínimo de indicio racional que sustentara su participación en los hechos señalados respecto a Pandora II.
La resolución judicial también favoreció a otros dos de los procesados, mientras que dejó a dos más sujetos a un auto de formal procesamiento.
El expediente investigaba una presunta red de desvío de fondos públicos hacia organizaciones no gubernamentales entre 2010 y 2013, con el propósito, según la teoría fiscal, de financiar actividades políticas bajo la apariencia de proyectos sociales impulsados desde distintas secretarías de Estado.
La Uferco había presentado requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos señalados por el delito de fraude, mientras que a Hernández Alvarado se le imputó además lavado de dinero por más de 62 millones de lempiras.
De acuerdo con la resolución judicial, no se logró acreditar la participación de Lobo, del exgerente de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, ni del director de presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Roberto Alonso Zúñiga Barahona, por lo que los tres recibieron sobreseimiento definitivo.
Asimismo, juez dictó auto de formal procesamiento contra el extitular de Sefin, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, y contra la exgerente administrativa de esa secretaría, Lilia María Bográn Rivera, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de un sobreseimiento provisional en su contra por el delito de fraude.
El exgerente administrativo de Sefin, James Aldana Medina, también quedó sujeto a auto de formal procesamiento por ambos delitos.
Según la teoría fiscal, las ampliaciones presupuestarias que permitieron el traslado de fondos entre distintas secretarías de Estado, con el fin de facilitar desembolsos hacia fundaciones utilizadas para drenar recursos públicos, tuvieron la participación directa del entonces presidente Lobo.
La Fiscalía también documentó que, desde Sefin, se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras trasladados hacia la fundación Todos Somos Honduras, dentro del mismo entramado investigado.
Ante la resolución, el Ministerio Público presentó posteriormente un recurso de apelación para que se revoque el sobreseimiento definitivo y se dicte auto de formal procesamiento contra el expresidente Lobo Sosa por fraude, así como para que se amplíe el procesamiento contra Cerrato Rodríguez, Handal Hawit, Bográn Rivera y Zúñiga Barahona.
El abogado Juan Carlos Berganza, quien ha representado tanto al expresidente Lobo como a su esposa Rosa Elena Bonilla, en distintos procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción durante ese gobierno, ha calificado en diversas ocasiones las acusaciones fiscales en contra de sus representados como carentes de sustento probatorio.
En declaraciones sobre este y otros casos vinculados al expresidente, Berganza ha señalado que buena parte de los procesos impulsados por el Ministerio Público adolecen de falta de pruebas contundentes, un patrón que, a su juicio, debilita la investigación penal pública en Honduras.
El jurista también ha cuestionado en el pasado el manejo político que, según su criterio, ha rodeado a distintos procesos judiciales de alto perfil en el país, y ha sostenido que la politización de las causas penales incide en las decisiones judiciales, incluidas aquellas relacionadas con medidas cautelares como la prisión preventiva.
El fallo se produce en un contexto en el que Porfirio Lobo ha enfrentado, a lo largo de los últimos años, distintos señalamientos vinculados a presuntos actos de corrupción y a nexos con estructuras de narcotráfico durante su gobierno.
El expresidente fue incluido en la llamada Lista Engel elaborada por el Gobierno de EE.UU., que señala a actores considerados corruptos o antidemocráticos en la región, por presuntamente haber aceptado sobornos de estructuras de narcotráfico a cambio de favores políticos.
