TEGUCIGALPA, Honduras
El exgobernante Juan Orlando Hernández llegó este lunes a la sede del Poder Judicial, acompañado de familiares, para presentarse de manera voluntaria a la audiencia de declaración de imputado dentro del caso Pandora II, en el que el Ministerio Público lo acusa de los delitos de fraude y lavado de dinero.
La diligencia, prevista inicialmente para las 9:00 de la mañana, quedó en suspenso luego de que el juez natural designado para conocer la causa, Wilfredo Miranda Savio, se declarara incompetente para continuarla.
Ante esa decisión, la defensa legal de Hernández interpuso un recurso de reposición, cuya resolución definirá la hora y el lugar en que finalmente se realizará la comparecencia, e incluso si esta deberá reprogramarse.
La penalista Angie Colíndres, integrante del equipo de defensa, señaló que esperan la resolución de ese recurso y no descartó que la audiencia sea pospuesta, dependiendo de lo que determinen las autoridades judiciales.
A su arribo a la sede judicial, Hernández afirmó que acudía ante la justicia y sostuvo que, en su opinión, enfrenta una «embestida de persecución política».
Señaló además que se encuentra en una situación de indefensión, debido a que, según explicó, todavía existen recursos pendientes de resolución dentro del proceso.
Cuestionó también la aplicación de la orden de captura que pesó en su contra, y afirmó que el pasado 9 de diciembre había pedido a su defensa solicitar al juzgado la suspensión de esa medida, señalando que fue el único, entre los implicados en el caso, al que se le impuso dicha orden.
Pese a esos señalamientos, reiteró que comparece de forma voluntaria y que espera que el proceso se desarrolle con apego al debido proceso.
El caso Pandora II es una ampliación de una investigación fiscal previa, vinculada al presunto desvío de fondos públicos utilizados para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013.
Tras conocerse la disposición del expresidente de someterse voluntariamente a la justicia hondureña, el juzgado había suspendido de forma temporal la orden de captura y la alerta roja internacional que existían en su contra, con el fin de garantizar su comparecencia sin que fuera detenido a su llegada al país el pasado 26 de julio.
Previamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, había señalado que el proceso se desarrollaría bajo el principio de independencia judicial, y que correspondería al juez natural asignado decidir si mantenía el caso bajo su conocimiento o lo remitía a otro órgano jurisdiccional.
Esa disyuntiva fue la que generó la declaratoria de incompetencia y que ahora deberá resolver la Corte de Apelaciones, instancia ante la cual permanece pendiente el recurso para que un juez natural retome la causa.
Una vez se resuelva esa situación procesal, está previsto que el juez a cargo escuche los argumentos de la fiscalía y de la defensa antes de determinar si impone medidas cautelares y convoca a una audiencia inicial, en la que se profundizará en el análisis de las pruebas presentadas por ambas partes.
La comparecencia de Hernández es señalada como uno de los procesos de mayor impacto político e institucional en Honduras durante 2026, y ha reavivado el debate público sobre la corrupción, la rendición de cuentas y el respeto al debido proceso en el país.
