TEGUCIGALPA, Honduras
El exfiscal general Johel Zelaya respondió este miércoles a los pedidos de acciones penales impulsados en su contra por integrantes del oficialismo, después de que la Sala Constitucional del Poder Judicial admitiera a trámite un recurso de amparo del abogado y directivo del Partido Nacional Leonel Núñez.
Zelaya aseguró que no se esconderá y que defenderá sus derechos con firmeza.
Núñez, quien es actual miembro de la comisión liquidadora, presentó el recurso a favor de sí mismo, y sostiene que Zelaya, cuando encabezaba el Ministerio Público, no investigó ni ejerció la acción penal frente a decisiones de la Comisión Permanente del Congreso, en particular el decreto que pedía un nuevo escrutinio electoral, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había declarado los resultados.
Núñez afirmó que la acción busca determinar si el entonces fiscal general cumplió sus obligaciones constitucionales y legales, y se mostró dispuesto a comparecer ante la Fiscalía como denunciante o testigo.
La Sala pidió al Ministerio Público que remita en un plazo de 24 horas el expediente de la denuncia. La admisión del amparo es el inicio del trámite y no una resolución sobre el fondo ni una declaración de responsabilidad del exfiscal.
En su pronunciamiento, el exfiscal calificó de doble moral la exigencia de juicios por parte de actores del actual gobierno, a quienes acusó de ignorar cuestionamientos a figuras vinculadas al narcotráfico y condenadas en Estados Unidos. Sostuvo que la justicia requiere independencia técnica y rigor, sin privilegios ni excepciones.
Zelaya autorizó de manera formal que todas las investigaciones en su contra se abran al escrutinio público e invitó a los congresistas oficialistas a someterse al mismo ejercicio de transparencia.
También exigió que se avance y concluya conforme a derecho el expediente 52 UFECIC 002-2017, por lavado de activos, que, según su versión, vincula a una diputada del oficialismo con estructuras del crimen organizado y sicariato y mantenía avances antes de su salida del cargo.
No identificó a la legisladora ni presentó pruebas, y no ha habido una respuesta pública sobre ese señalamiento. Concluyó que las instituciones de persecución penal no deben ser herramientas de revancha política ni servir para encubrir aliados.
Zelaya fue destituido de la Fiscalía General mediante juicio político en marzo, el primero de este tipo contra un funcionario de ese nivel en el país.
Desde entonces ha recurrido a la vía legal: presentó un amparo contra su destitución, que la Sala admitió en junio sin suspender los efectos del decreto.
Entre los antecedentes bajo análisis en el caso de la Comisión Permanente figura su designación como fiscal general interino en noviembre de 2023.
