TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público anunció que mediante un recurso de casación impugnará la sentencia absolutoria a favor del comisionado de la Policía Nacional en retiro Leonel Sauceda.
El portavoz de la fiscalía Carlos Morazán externó que «en el caso de la malversación de caudales públicos, se logró acreditar que Sauceda recibió 3.3 millones de lempiras de la Secretaría de Seguridad».
Dijo que el exjefe policial «utilizó el dinero que desvió para su beneficio personal y de su familia en rubros como la educación, pagos a servicios públicos y alimentación».
Con relación al presunto lavado de dinero, señaló que se ha «vuelto nuevamente por parte del Tribunal de Sentencias a fundamentar una sentencia absolutoria por las polémicas reformas que el año anterior sufrió la Ley Contra el Delito de Lavado por el Congreso Nacional».
Expresó que «la fiscalía ve con extrañeza que la Sala II del Tribunal de Sentencias durante, el desarrollo del juicio oral y público, reconoció que el imputado tiene 19 millones de lempiras de los cuales no ha logrado justificar su procedencia por lo que existe una flagrante contradicción al absolver y por el otro reconocen que si existe lavado de dinero».
En ese sentido, el comunicado el ente acusador planteó que el órgano judicial «no valoró, ni analizó la totalidad de las pruebas que acreditaban como el excomisionado policial -Leonel Sauceda- habría malversado caudales públicos y había cometido el delito de lavado activos».
En consecuencia, se solicitó a la Sala Penal del Poder Judicial que revise el expediente del comisionado Sauceda.
El boletín detalló que conforme a la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (Ufadpol), «el comisionado general de la Policía Nacional no pudo justificar casi 20 millones de lempiras».
En tanto, el portavoz agregó que «lo que incluye movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre, estableciendo la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, a pesar que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones».
