MOSCÚ, Rusia
La sociedad chilena está convocada a votar este domingo en el segundo plebiscito que se realiza en apenas 15 meses, con la intención de sustituir la Constitución que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Es un proceso en espejo, ya que en septiembre del año pasado se sometió a consulta un proyecto redactado por una Convención Constitucional que tenía una mayoría de integrantes progresistas o de izquierda, y que era rechazado por la derecha y ultraderecha.
Al final, un contundente 61,8 % de la población votó en contra de la propuesta, lo que representó una derrota política para el presidente Gabriel Boric, que solo llevaba seis meses en el Gobierno.
Ahora, en cambio, el borrador fue elaborado por un Consejo Constitucional que tiene una mayoría de militantes de la derecha y ultraderecha, y que es criticado por los colectivos de izquierda o progresistas, entre los que se encuentra el oficialismo.
El común denominador entre ambos procesos es que no hubo consensos, ni puntos medios, ni equilibrios, ni acuerdos.
En 2022, se presumió que el proyecto representaba «la Constitución más progresista del mundo», lo que terminó siendo una entelequia, en tanto que el de 2023, los proponentes conservadores se vanaglorian de «recuperar los valores del ser chileno», sin margen para la diversidad y sin ánimo alguno de diálogo, como lo demostró el lema de una de las campañas a favor de la actual consulta: «que se jodan».
Si hoy, a diferencia del año pasado, gana el voto «a favor», Boric tendrá que promulgar una Constitución con la que no está de acuerdo. Pero si triunfa el voto «en contra», ya no habrá un tercer proceso y seguirá vigente la actual carta magna.
En el documento que se plebiscitará predominan las posturas de la mayoría conservadora que tenía el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar esta segunda propuesta y que plasmó los conceptos de «familia», «seguridad», «orden» y «libertad», que identifican a la derecha a nivel internacional.
La iniciativa, que consta de 182 páginas, 17 capítulos y 216 artículos, advierte que «la familia es el núcleo fundamental de la sociedad», además de que no reconoce la identidad ni los derechos específicos de los pueblos indígenas, ya que establece que la Nación chilena «es una e indivisible».
«La ley protege la vida de quien está por nacer», afirma uno de los preceptos que generó un mayor debate, ya que ese concepto podría echar abajo la despenalización del aborto que rige en Chile y que sigue siendo limitada, al autorizar la interrupción solo en tres casos: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer está en riesgo y si el feto es inviable.
Con respecto a la educación sexual, el borrador advierte que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral acorde con sus propias convicciones. «Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho», afirma.
Otro artículo establece que quienes se manifiesten en reuniones en plazas y calles, «deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada», lo que ha sido considerado por sectores progresistas como un precepto que criminaliza la protesta.
Entre los capítulos que mayor rechazo generaron entre los consejeros de izquierda se encuentra el que prohíbe el derecho a huelga de los trabajadores del sector público y el relativo al agua, ya que deja abierta la puerta a la privatización de este recurso.
La redacción de una nueva Constitución fue uno de los principales reclamos del estallido social que enfrentó Chile a fines de 2019, proceso que también allanó el camino para la llegada de Boric a la presidencia.
Por ello, el 25 de octubre de 2020 se llevó a cabo un plebiscito en el que el 78 % de la población votó a favor de que una convención constitucional elaborara una iniciativa. Parecía que el consenso era que ya no querían más la carta magna pinochetista.
Los 155 miembros de la Convención fueron elegidos en mayo de 2021. La sorpresa es que, en su mayoría, representaban liderazgos progresistas o de izquierda. De hecho, su primera presidenta fue la intelectual indígena Elisa Loncon.
Luego de un año de trabajo, en el que predominaron los escándalos y la falta de consenso, la Convención entregó un proyecto que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, lo que dio inicio a una serie de negociaciones entre el Gobierno de Boric y la oposición, para impulsar un segundo proceso.
De esta forma, se acordó que el nuevo borrador sería elaborado por tres órganos: una Comisión Experta compuesta por 24 integrantes propuestos por el Congreso y que redactarían un documento base; un Comité Técnico de Admisibilidad, formado por 14 juristas que certificarían la validez de las normas; y un Consejo Constitucional en el que participarían 50 personalidades que fueron elegidas el 7 de mayo por el voto popular.
El Consejo se instaló el 7 de junio y solo tuvo un plazo de cinco meses para terminar la propuesta que ya habían recibido por parte de la Comisión Experta.
En medio de un clima de apatía ciudadana, y al igual que ocurrió en el primer proceso, la iniciativa fue impugnada por la izquierda, que afirma que el texto representa los intereses de un sector de la sociedad.
Por ello, al texto se le bautizó como la «Kastitución», en referencia al conservador José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano que perdió las elecciones en 2021 frente a Boric, pero que pretende volver a postularse en 2025. En ese camino, la eventual aprobación de la nueva Constitución sería un fuerte apoyo para su campaña. (Con información de RT).
