TEGUCIGALPA, Honduras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró culpable al Estado de Honduras por el golpe técnico cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia a manos del entonces titular del Congreso Juan Orlando Hernández, 71 diputados nacionalistas y el resto liberales.
Asimismo, se sumaron a la conspiración la bancada de la desaparecida Unificación Democrática.
Cabe recordar que uno de los diputados nacionalistas presentó la moción para que se consumara la destitución de los otroras altos jueces, quienes al ser ignorados en la instancia nacional, acudieron al sistema interamericano de DDHH donde se les dio la razón y ahora el Estado deberá pagarles alrededor de 545 mil dólares por daños y perjuicios.
Los magistrados de la Sala Constitucional destituidos fueron José Antonio Gutiérrez (presidente), Gustavo Enrique Bustillo, Rosa Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz quienes fueron removidos de sus cargos de manera injustificada.
En cambio, Óscar Fernando Chinchilla, a la postre fiscal general, fue el único que sobrevivió al remezón avalado por Hernández, a quien lo colocó como jefe del Ministerio Público por 10 años.
En una decisión unánime, la Corte IDH sentenció al Estado Honduras a resarcir el daño causado a los cuatro magistrados, reconociendo de esta manera la violación a sus derechos fundamentales y la necesidad de reparación en su beneficio.
El tribunal supranacional determinó que el Estado debe resarcir el daño causado a las víctimas y declaró la responsabilidad internacional en la que incurrió el mismo Estado por tolerar la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como diversos derechos políticos y laborales de los magistrados.
La sentencia señaló que las destituciones de los magistrados fueron llevadas a cabo por una autoridad carente de competencia, lo cual constituyó una clara violación de los derechos de la garantía de independencia judicial.
Además, la Corte IDH determinó que el acto de destitución fue una desviación de poder, ya que el parlamento utilizó su facultad para castigar a los magistrados por sus decisiones, ejerciendo así presión externa sobre el Poder Judicial.
Asimismo, se encontró que el cese de las víctimas se realizó sin el procedimiento establecido, sin fundamentos legales, claros y sin otorgar a los magistrados la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa.
Por consecuencia, la Corte IDH concluyó que el Estado, a través del Legislativo que controló el exjefe narco Juan Orlando Hernández «violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, así como la estabilidad laboral de los magistrados».
Como parte de las medidas de reparación, se estableció el pago de una indemnización compensatoria a los exaltos funcionarios, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la adopción de medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia.
La sentencia histórica fue emitida por una composición de la Corte conformada por Ricardo Pérez Manríquez como el presidente, Eduardo Ferrer como vicepresidente, además de Humberto Sierra, Nancy Hernández, Verónica Gómez, Patricia Pérez y Rodrigo Mudrovitsch como jueces.
