TEGUCIGALPA, Honduras
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, ha reiterado en las últimas semanas el llamado al Congreso Nacional para avanzar en la aprobación de la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que el nuevo marco regulatorio permitiría reducir el precio de la energía y mejorar la calidad del servicio a través de un mercado más competitivo.
Según Corrales, la reforma otorgaría a la CREE mayor independencia funcional, financiera y presupuestaria, además de establecer nuevas reglas para la selección de sus comisionados y obligarla a publicar de forma pública sus metodologías tarifarias y resoluciones.
El pedido del ente regulador se suma al de otros actores del sector, entre ellos la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que también ha urgido a los diputados a acelerar la discusión, advirtiendo que el tiempo para atender la situación financiera de la estatal continúa reduciéndose mientras se mantiene la falta de consensos entre las bancadas.
El proyecto de reforma fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a finales de mayo de 2026 y contempla, entre sus principales cambios, la separación funcional de la ENEE en áreas de generación, transmisión y distribución, la creación de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente, y el fortalecimiento institucional de la CREE como ente regulador.
La iniciativa contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y una revisión con financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, y plantea derogar la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público, aprobada en 2022, cuya vigencia había generado tensiones en la relación entre Honduras y Estados Unidos.
Pese a que la propuesta ya superó sus primeros dos debates en el pleno legislativo, el tercer debate permanece suspendido desde hace varias semanas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha señalado que la ENEE registra pérdidas superiores a los 16 mil millones de lempiras anuales y ha insistido en que la reforma busca fortalecer a la estatal y no privatizarla, argumento que también han respaldado el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, y diputados de la Comisión de Energía del Congreso.
El principal obstáculo para la aprobación del proyecto ha sido la falta de los 65 votos necesarios en el pleno legislativo. La bancada del Partido Liberal ha señalado que, si bien coincide en la necesidad de reestructurar el sector eléctrico, no respaldará el proyecto en su redacción actual por considerar que no responde de manera integral a los desafíos del sistema, y anunció que prepara una contrapropuesta que hasta el momento no ha sido presentada formalmente ante el Legislativo.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, ha señalado que el Poder Legislativo permanece a la espera de esa iniciativa alternativa para retomar la discusión.
A este factor se suma el receso legislativo de más de veinte días que interrumpió el proceso en julio, así como el pedido de las cinco bancadas representadas en el Congreso de contar con más tiempo para revisar el dictamen y presentar observaciones antes de someterlo a votación.
Organizaciones como la Confraternidad Evangélica de Honduras han solicitado que cualquier reforma garantice que el Estado conserve la propiedad de los activos de la ENEE y han advertido sobre los riesgos de aprobar el proyecto de manera acelerada y sin suficiente debate público, mientras que actores empresariales y gremios profesionales, como el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, han pedido al Congreso avanzar con una reforma bien estructurada.
En medio de este estancamiento, diversos actores han advertido sobre el incremento de los apagones en distintas zonas del país, un fenómeno que analistas vinculan directamente con la falta de inversión y con la postergación de las decisiones legislativas pendientes sobre el futuro del sistema energético nacional.
