TEGUCIGALPA, Honduras
La exsecretaria de Salud Alba Consuelo Flores se presentará de manera voluntaria ante la justicia hondureña el próximo 4 de agosto, después de permanecer tres años en condición de prófuga por una acusación de fraude vinculada a la compra de hospitales móviles durante la pandemia de covid-19.
La exfuncionaria, quien encabezó esa cartera entre 2018 y 2022 durante la administración de Juan Orlando Hernández, forma parte de un grupo de siete exfuncionarios acusados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en el marco del caso conocido como Hospitales Móviles II.
El Juzgado de Delincuencia Organizada y Corrupción resolvió en los últimos días aceptar una solicitud de comparecencia voluntaria que la defensa de Flores había presentado hace tres años y que permaneció sin resolver desde entonces.
Con esa decisión, quedó fijada para el 4 de agosto la audiencia en la que la exsecretaria deberá responder formalmente ante las autoridades judiciales por su presunta participación en la adquisición irregular de siete hospitales móviles.
El caso Hospitales Móviles II se originó a partir de la compra que la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Investh) realizó en 2020 para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
Los siete hospitales fueron adquiridos por un monto cercano a los mil 174 millones de lempiras (alrededor de 48 millones de dólares) a través de la empresa HospitalesMoviles.com, vinculada a la firma estadounidense Elmed Medical Systems.
Las investigaciones fiscales posteriores determinaron que el equipamiento llegó de forma tardía, incompleta y en algunos casos con material vencido o usado, cuando el pico de la crisis sanitaria ya había pasado.
El entonces director de Investh, Marco Bográn, fue condenado en 2022 a diez años y once meses de prisión por fraude agravado en la compra de los hospitales.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Flores, la entonces secretaria de Finanzas Rocío Tábora, la viceministra de Finanzas Roxana Rodríguez y otros cuatro exfuncionarios y contratistas vinculados a Investh.
Tábora fue detenida ese mismo mes cuando intentaba cruzar hacia Nicaragua y quedó bajo prisión preventiva tras su audiencia inicial. Flores, en cambio, no acudió a la audiencia programada, fue declarada en rebeldía y permaneció prófuga desde entonces, pese a que su defensa había anunciado en varias ocasiones la intención de presentarla de forma voluntaria.
Ante su ausencia, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda a nivel nacional y solicitaron una alerta roja de Interpol para facilitar su eventual captura fuera del país.
El exsubsecretario de Salud y actual diputado Roberto Cosenza consideró que la exfuncionaria debió presentarse ante las autoridades desde el momento en que se giró la orden judicial en su contra, y expresó que espera que ejerza su defensa adecuadamente y que el proceso garantice justicia para la población hondureña.
El legislador también señaló que le resulta llamativo que distintas personas que permanecieron prófugas durante los últimos años estén comenzando a comparecer ante los tribunales, sin ofrecer mayores valoraciones al respecto.
Cosenza indicó, finalmente, que corresponde ahora al Ministerio Público continuar con las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades en el caso.
