Tegucigalpa-Honduras. Un Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó en audiencia inicial medidas sustitutivas a la prisión preventiva a seis de los implicados en el caso del fraude en el proyecto Residencial Morazán, conocido como casas contenedores, que podrán defenderse en libertad de acuerdo a la resolución del juez.
Los exfuncionarios beneficiados con esta medida cautelar serán Juan Ramón Cruz, exdirector del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi); Mario León Gómez, exdirector de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Instituto de la Propiedad; la exgerente de la EUP, Tania Michelle Montoya; Sonia Morales Romero, excomisionada presidenta de Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), Edmundo Cuadra y Lizeth Guadalupe Villatoro, representante de una institución financiera privada.
LAS CASAS DE LA CORRUPCIÓN
Residencial Morazán consistía en un proyecto habitacional destinado para las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota en 2020, para el cual se planificó una inversión de más de 428 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones.
La falta de transparencia encontrada en todos los procesos de este proyecto, donde las más de mil casas que deberían haber sido instaladas, solo 23 de ellas están habitadas; de estas, solo 10 familias que las ocupan fueron realmente afectadas por los huracanes.
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MEDIOS DE PRUEBA
De acuerdo a las investigaciones, el exsecretario de la presidencia, Ebal Díaz, presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar un fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas.
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